España: la Ley de Memoria Democrática
El 5 de octubre de 2022, el Parlamento español aprobó (128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones) una nueva ley sobre el pasado franquista del país. Esta ley llamada de Memoria Democrática (https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-17099-consolidado.pdf) es un paso más hacia la justicia, la reparación y la dignidad, aunque haya que lamentar que no se haya derogado la llamada Ley de Amnistía general de 1977.
El viernes 21 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, así como el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, incluyendo su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Además, la ley condena expresamente el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, declarando ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe.
Las víctimas
Se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario durante el período que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. Y ello con independencia de que se conozca o no a los autores de las violaciones de sus derechos.
La ley recoge en su artículo 3 una relación de quienes pueden acogerse a dicha condición de víctima, destacando la inclusión de los niños y niñas sustraídos y adoptados sin la autorización legítima y libre de sus progenitores (N. del T.: «bebés robados») como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como de sus progenitores y hermanos. La ley reconoce y declara expresamente el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones dictadas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como de las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones.
Del mismo modo, la ley declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones. Asimismo, la nueva ley reconoce el derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal, compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidos en otras normas del ordenamiento jurídico, así como a ejercitar las acciones que procedan ante los tribunales de justicia. Se declara el 31 de octubre de cada año día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, y el 8 de mayo, día de recuerdo y homenaje a todos los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.
Además, el texto contempla la constitución de un Registro Estatal de Víctimas con los datos obtenidos de fuentes del patrimonio documental y de cualquier otra fuente, nacional o internacional, que contenga información pertinente, así como la elaboración de un Censo Estatal de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, que incluirá a todas las víctimas, con el fin de hacer frente a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre este período.
Políticas de memoria democrática
La ley insta a la Administración General del Estado a adoptar las medidas y acciones necesarias para el conocimiento y la conmemoración de los hechos representativos de la memoria democrática y el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia, y en especial de todas las víctimas, con una referencia especial al reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres. Estas acciones de la Administración General del Estado se articularán mediante un Plan de Memoria Democrática, de carácter cuatrienal, que aprobará el Gobierno. Además, se crea el Consejo Territorial de Memoria Democrática como órgano de cooperación para la articulación de la política de memoria democrática.
Derecho de las víctimas a la verdad
El derecho de las víctimas a la verdad es el derecho que tiene por objeto la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones del derecho internacional humanitario o las violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima y del descubrimiento del lugar donde se encuentra. En este contexto, debe fomentarse el conocimiento científico, indispensable para el desarrollo de la memoria democrática. En este ámbito, la ley se ocupa de la localización e identificación de las personas desaparecidas, debiendo la Administración General del Estado elaborar un mapa integrado de localización de personas desaparecidas que comprenda todo el territorio español. En este sentido, se incluyen medidas ya previstas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, como el mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y el régimen de autorizaciones, y se regula el hallazgo de restos humanos y el régimen aplicable al resultado de estas intervenciones. Asimismo, se crea el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, que tendrá por función la recepción y el almacenamiento de los perfiles de ADN de las víctimas de la Guerra y la Dictadura y de sus familiares, así como de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos, con el fin de poder cotejar dichos perfiles para la identificación genética de las víctimas.
Por otra parte, el texto se ocupa de los archivos, documentos de archivo y demás recursos de información para la recuperación de la memoria democrática, regulando el acceso a los fondos y archivos públicos y privados, así como la adquisición, protección y difusión de los documentos de archivo y otros documentos que contengan información relativa al golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, y crea un Censo de fondos documentales para la Memoria Democrática. El acceso será libre, gratuito y universal, salvo lo dispuesto en la letra c) del artículo 57.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En este ámbito, se hace una mención especial al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca como Lugar de Memoria Democrática, que tiene por función preservar, conservar, tratar técnicamente conforme a las normas y estándares profesionales internacionales correspondientes, hacer accesibles y difundir adecuadamente los fondos documentales y bibliográficos y demás bienes muebles que custodia, producidos y acumulados entre 1937 y 1977, integrados en el Archivo General de la Guerra Civil, así como los que se hayan incorporado en fechas posteriores e integrado igualmente en el archivo, y reunir, recuperar, integrar, tratar y difundir los fondos documentales y bibliográficos originales o copias auténticas de estos, los testimonios orales y los demás bienes que pueda obtener la Administración General del Estado.
Derecho a la justicia y a la reparación
El derecho a la justicia debe garantizarse mediante investigaciones públicas que esclarezcan las circunstancias de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra y la Dictadura. A tal efecto, la ley crea un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y le atribuye además funciones de impulso de los procedimientos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias en la materia, para lograr su necesaria identificación y localización. Esto último implica la correspondiente modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y, mediante la modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la ley recupera la figura del antiguamente denominado expediente de información para perpetua memoria, como vía que permita obtener una declaración sobre los hechos ocurridos y haga posible la identificación y exhumación de víctimas de la Guerra y la Dictadura y, por esta vía, la restitución de una sepultura digna a las víctimas. Además, el Estado garantizará, por una parte, el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el período al que se refiere la ley y, por otra, la asistencia jurídica en los procedimientos encaminados a obtener una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados en relación con las víctimas.
Por otra parte, la ley establece el derecho de las víctimas de la Guerra y la Dictadura al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado. En este sentido, la ley prevé actuaciones específicas sobre los bienes expoliados durante dichos períodos, mediante la realización de una auditoría de dichos bienes y la puesta en marcha de las posibles vías de reconocimiento de las personas afectadas, así como sobre las sanciones económicas impuestas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa. Del mismo modo, la ley recoge el reconocimiento y la reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados durante la Guerra y la Dictadura, definidos, de acuerdo con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 28 de junio de 1930, como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Por último, la ley concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales, sin que se les pueda exigir como requisito la renuncia a su nacionalidad anterior.
Deber de memoria democrática
En este ámbito, la ley contempla los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, introduciendo medidas que impidan la exaltación de la sublevación militar y del régimen dictatorial. A tal efecto, la Administración General del Estado elaborará, en colaboración con las demás administraciones públicas, un catálogo de dichos símbolos y elementos, que incluirá la relación de los que deban ser retirados o eliminados. Del mismo modo, se consideran actos públicos contrarios a la memoria democrática aquellos que, realizados en público, entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, de quienes participaron en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial. Las administraciones públicas no subvencionarán a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas contrarias a la memoria democrática, ni la realización de una actividad o el cumplimiento de una finalidad que atente, aliente o tolere prácticas calificadas como infracciones. El texto contiene también una relación de supresión expresa de títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, e insta a las administraciones públicas a revisar de oficio o revocar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones que supongan exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, o que se hubieran concedido por la pertenencia al aparato represivo de la dictadura franquista, así como las condecoraciones y recompensas. Así, en una disposición adicional, se añade la revisión y revocación de las recompensas previstas en la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, y en la Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil.
Tras prever una serie de medidas para el desarrollo del conocimiento, el reconocimiento y la divulgación de la memoria democrática, la ley contempla los lugares de memoria democrática, entendiendo por tales el espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se hayan desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica o simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva. Tendrán una función conmemorativa y didáctica, y se creará el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática, como instrumento de publicidad y conocimiento de estos, que se concretará en un mapa integrado con fines informativos, conmemorativos y didácticos. La ley prevé el procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática, su régimen de protección y su función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora. En cuanto al «Valle de los Caídos», además de modificarse su denominación por la de «Valle de Cuelgamuros» (N. del T.: nombre del paraje geográfico del lugar), su resignificación como lugar de memoria democrática tendrá un carácter pedagógico, reconociendo el derecho de las familias a recuperar los restos de sus ascendientes. Solo podrán permanecer allí los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra. Además, se declara extinguida la «Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos» (N. del T.: organización religiosa católica que gestiona el lugar). Por último, se prevé que la denominación tradicional del llamado «Panteón de Hombres Ilustres» pase a ser «Panteón de España».
Movimiento memorialista
La ley crea un Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, que son las asociaciones, fundaciones y demás entidades y organizaciones de carácter social que tengan por objeto la preservación y difusión de la memoria democrática. Crea también un Consejo de la Memoria Democrática como órgano consultivo y de participación de dichas entidades memorialistas. Por último, la ley contempla la creación de un Centro de la Memoria Democrática, cuya finalidad será la salvaguarda de la dignidad de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado de España y la promoción de la memoria democrática, de los derechos humanos y de los valores democráticos.
Régimen sancionador
Por último, el texto establece un régimen sancionador que prevé las infracciones, clasificadas en leves, graves y muy graves, y las sanciones, que pueden ser pecuniarias o no pecuniarias. Se prevé que cualquier persona pueda denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de dichas infracciones, y las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que pudieran constituir infracción tienen la obligación de comunicarlas a los órganos competentes para iniciar el procedimiento sancionador. Para la incoación y tramitación de los expedientes sancionadores es competente la Secretaría de Estado con competencias en materia de memoria democrática para las infracciones muy graves, y la Dirección General con competencias en esa materia para las infracciones graves y leves.
